Elección 2018: los grandes retos.

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Inicia la campaña electoral federal, en días también, las campañas locales en el contexto de violencia que azota a México, que es similar al de muchos países de Latinoamérica, genera condiciones muy poco apropiadas para que las preferencias de la ciudadanía se representen adecuadamente en los puestos de elección popular, mismos que se disputarán el próximo 1 de julio de este año 2018. El reto es enorme y los efectos que impondrá la violencia también lo son, como lo son también el rezago y la desigualdad social, la pobreza y extrema pobreza creciente en los últimos 18 años, el aumento de la demanda de mujeres y hombres jóvenes por integrarse a los niveles, medio y superior de educación pública, la demanda creciente de necesidades, la alta tasa de desempleo que ha originado menor oferta de trabajo a las y los estudiantes que egresan sobre todo de universidades públicas, la creciente ola de violencia nacional, la imparable ola de violencia hacia las mujeres, que desde el norte del país, Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta la entidad con el mayor número de electores, el Estado de México, hoy, con la mayor incidencia delictiva y FEMINICIDIOS, violencia hacia las mujeres, muchas de ellas con temor de salir a las calles y ser levantadas, ultrajadas, asesinadas, prostituidas, sin saber a dónde acudir y cuando llegan a los Centros de Justicia para las Mujeres a denunciar son revictimizadas, con la mayor indolencia y desprecio violando sus derechos como mujeres, como ciudadanas.      

Este 2018 es de intenso cambio en puestos de elección popular en México, en los municipios, sabemos lo que se disputarán, por una parte, el cambio de régimen, si así fuera, la institucionalidad, de la administración pública tradicional a la Co-creación, implementando la modernización, no aquella del pasado de la llamada “reforma, modernización e innovación de la administración pública en México” , sino la que realmente rompa con el lacerante sistema burocrático y de corrupción y acabar con las enormes carencias que viven los 2,446 municipios del país, la corrupción que ha alcanzado todos las esferas de la administración local, la complicidad de la seguridad pública con el crimen organizado, la violencia, la escasez de agua, que es unos de los grandes males que se ha venido incrementado, la  baja y mala calidad en obra pública y el manejo de las licitaciones a través del sistema de corrupción que impera. El potencial de mejorar es grande, ya que es una gran oportunidad para “limpiar” múltiples puestos de gobierno de ineficiencias y complicidades en el combate a la inseguridad. Sin embargo, las condiciones no son las adecuadas y el efecto puede ser adverso.

El contexto de violencia genera también múltiples externalidades negativas que distorsionan la transformación de preferencias ciudadanas en asientos de gobierno y, en consecuencia, en políticas públicas. Existe un potencial efecto negativo, es en la participación ciudadana y el número de electores que deciden acudir a las urnas. Los estudios existentes muestran que las altas tasas de violencia y de victimización por crimen tienen un efecto negativo en la participación electoral, así como la creciente violencia y asesinatos en contra de candidatas y candidatos.

Finalmente, la capacidad de diseño e implementación de políticas públicas de quienes resulten elect@s será distinta a la que hubiéramos observado sin las restricciones que impone la inseguridad. Esa  incapacidad en prospectiva que anula la gobernabilidad, motivada por la falta de conocimiento, de perfiles en temas de gobierno, de administración pública, de visión social, política y económica, de crear condiciones para salvaguardar la integridad, patrimonio y seguridad de la ciudadanía. Hoy no solo es llevar un discurso vacío, banal sin sentido de dirección que llevan a la ingobernabilidad a los gobiernos locales, debemos traspasar más allá de las promesas, del clientelismo, de lo mediático, quien no haya escuchado, observado las grandes carencias, estará condenado a fracasar en el intento. Debemos dejar de ser el país del presidente que pregunta la hora a su subordinado y este le responde, “la hora que usted diga señor” 

Moisés Sánchez Ramírez
M. en A.P.
Estudiante de Doctorado en Ciencias Administrativas con Especialidad en Administración Pública.
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